Si la ley prohíbe la instalación de máquinas de azar (tragamonedas) fuera de los casinos y a estos les exige sellos de seguridad y el pago de un canon, la proliferación de aparatos sin requisito alguno en pulperías, licoreras y sodas de todo el país es una demostración de la ineficacia de las normas o, peor aún, de su fácil manipulación para servir a intereses espurios.
Las regulaciones permiten los juegos de destreza, como el “pinball”, pero no los de azar, donde el jugador es incapaz de afectar el resultado y se limita a presionar un botón con la esperanza de ver la alineación de tres figuras idénticas en una pantalla donde giran sin control hasta parar donde la suerte diga. La diferencia entre unas máquinas y otras debería ser obvia pero los permisos para operar las de destreza son utilizados para disimular la instalación de las de azar y el reglamento es tan impreciso que ofrece espacio para la interpretación.
Si la Policía hace la determinación y cierra el local, una apelación basta para la reapertura tres días después. Las máquinas no pueden ser decomisadas porque no hay donde almacenarlas y más bien generan gastos de custodia. Si les ponen un sello, los interesados lo violan, y si el local no logra ser reabierto, trasladan los equipos a otro sitio. Hay comercios con 18 clausuras por las mismas razones, dice el jefe de la Policía Municipal, Marcelo Solano.
Tan grande es el absurdo que apenas se comprende la dedicación de funcionarios municipales a la detección y clausura de los locales. Quizá la única respuesta sea que la ley es la ley aun cuando sea incapaz de servir a su propósito, pero la frustración de las autoridades y el perverso mensaje a la comunidad sobre la tolerancia ante el incumplimiento exigen mucho más.
Si las máquinas son ilícitas deben ser decomisadas y, como no tienen otra utilidad, lo lógico es destruirlas, no almacenarlas por tiempo indefinido. La minuciosa documentación del expediente, incluidas las actas de decomiso y destrucción, garantizarían la correcta actuación de las autoridades. Guardando las distancias, es el procedimiento seguido con las drogas decomisadas, salvo su preservación temporal con fines probatorios.
Lo importante es que el operador o propietario de las máquinas no tenga oportunidad de recuperarlas y pierda la inversión tantas veces como la haga, si por algún motivo no se juzga apropiado imponer sanciones más severas. La burla a la ley y sus buenos propósitos no debe continuar.
Las máquinas tragamonedas, además de estimular la ludopatía y drenar recursos a hogares modestos de los barrios donde proliferan, alientan la organización de grupos de distribuidores cuya vocación de apartarse de la ley queda en evidencia con la actividad misma. Las millonarias ganancias también salen de los bolsillos de colegiales cuya presencia en los sitios destinados al juego es fácil de constatar. Hace años, las autoridades denunciaron el desvío de fondos del programa de becas Avancemos para satisfacer el poderoso llamado del juego.
El diputado liberacionista Geison Valverde dijo tener bajo estudio una reforma legal para aumentar las multas a quienes comercialicen, financien o propicien la tenencia de tragamonedas fuera de un casino, pero tiene dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones, que en la actualidad son de diez salarios base, es decir, unos ¢6 millones. Podría convenir, en lugar de una multa más severa, estudiar la forma de describir inequívocamente las características de una máquina de azar, prohibirlas tajantemente y disponer su decomiso y destrucción cuando operen fuera los sitios permitidos por ley.
Las tragamonedas no pueden ser decomisadas porque no hay donde almacenarlas y más bien generan gastos de custodia. (Rafael Pacheco Granados)