El asunto está sobre la mesa, pendiente
de una resolución que deberá encarar el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Se
trata de la regulación del juego online, que aunque sigue estando prohibido en
todo el país, cuenta a su favor con un proyecto de ley firmado por el anterior
presidente en el que se propone una cobertura legal más en sintonía con los
tiempos que corren. El documento tiene como objetivo de fondo vehicular la
legalización de un tipo de ocio cuyos usuarios exigen que no se criminalice y
que, en ausencia de un marco normativo adecuado, está disparando la economía
sumergida por parte de algunas compañías del sector.
Fue en la Cámara
de los Diputados donde el pasado mes de marzo tuvo lugar el registro de la
propuesta, justo después de que a principios de año los grandes clubes de la
primera división chilena de fútbol negociaran sus patrocinios con las marcas
más destacadas del juego online. Ahí estuvieron Colo Colo, Universidad de
Chile, Ñublense o Coquimbo Unido, por citar sólo algunos ejemplos. La polémica
saltó a los medios ante este doble rasero, es decir, ante el hecho de que el
gobierno prohibiera una actividad concreta y permitiera al mismo tiempo que
esta pudiera ser promocionada.
Con un escenario así de por medio, el
equipo de Sebastián Piñera, consciente de la necesidad de regularlo, reaccionó
con la elaboración del citado proyecto de ley, siempre tratando de buscar un
mecanismo que paute el funcionamiento de la industria del juego en el país. A
pesar de ello, la legislación estatal sigue manteniendo una postura inflexible
en torno a esta forma de entretenimiento. De entrada, tanto los casinos como
cualquier otra actividad que implique el desarrollo de apuestas en un local
físico son considerados totalmente ilegales. Ahora bien, se dan ciertas
excepciones, y es que los organismos pertenecientes al gobierno que incorporan
juegos de estas características, como por ejemplo La Polla Chilena o los más de
veinte casinos estatales que se distribuyen por todo el país, cuentan con las
autorizaciones pertinentes para poder operar sin obstáculos.
Tampoco se libra de estas restricciones
el juego a través de internet. Eso sí, las compañías que trabajan en Chile de
manera online están sujetas a una legislación que plantea numerosas lagunas,
por lo que el margen de maniobra en este caso es algo más flexible y permite a
las operadoras realizar su trabajo en algunas circunstancias. Todo esto es
fruto de la falta de implicación que los diferentes gobiernos han venido
demostrando en torno a este asunto. El proyecto de ley de Piñera pretende
establecer un reglamento integral que sirva para salvaguardar a los jugadores y
a todas aquellas compañías que estén dispuestas a ceñirse a la legalidad.
Si bien es cierto que la iniciativa
comenzó a gestarse en 2021, la previsión marca que será a lo largo del presente
curso cuando termine de concretarse con mayor amplitud. El contexto es
especialmente propicio para ello, y es que el auge del sector del juego en
Chile durante y tras la pandemia ha dejado cifras de primer nivel. Teniendo en
cuenta los números que maneja la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), el
país genera más de cincuenta millones de dólares accediendo a portales de juego
online cuyo dominio está ubicado en el extranjero.
La intención perseguida por el equipo de
gobierno anterior no sólo busca un marco normativo asumible, sino crear además
una serie de impuestos a su alrededor. Según lo expuesto en la propuesta de
regulación, la subsecretaría de Hacienda deberá asumir un papel protagónico en
todo este asunto, dado que sería la institución encargada de aplicar un tipo
impositivo sobre jugadores y operadores que permita recaudar medio centenar de
millones de dólares al cabo del año.
Entrando en materia, si el proyecto de
ley termina saliendo adelante, los operadores online podrán elegir para el
desarrollo de su actividad una de las dos licencias que se contemplan: la
general, que duraría cinco años con opción de prórroga; y la reducida, que
estaría limitada a medio año sin posibilidad de ser ampliada. Por lo que
respecta a los impuestos que se barajan, el estado exigiría la cuarta parte de
los ingresos brutos generados. El responsable de controlar estos requisitos
sería la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, cuya labor no
sería otra que la de crear un mapa de casinos online legales en
Chile, impidiendo así que proliferen las salas clandestinas y se dispare la
economía sumergida en estos entornos. En la misma línea de fiscalidad se
encontrarían los jugadores, que de igual modo estarían obligados a tributar el
15% de las ganancias obtenidas en modalidades de toda índole: ruleta, máquinas
tragamonedas, póker, etcétera. La medida pretende efectuar la recaudación
automáticamente en el momento en el que se produce la transacción económica del
cobro de los premios.