De acuerdo con el libro “Jaque Mate al crimen organizado” (editorial Planeta), firmado por Rubén Aguilar y el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, la estrategia de seguridad implementada en esa entidad de 2011 a 2017 redujo la violencia y criminalidad hasta en 90%. Al cruzar los datos con los del sistema ejecutivo de seguridad pública los números sí se parecen.
¿Qué funcionó bien? Al detallar las acciones del plan de seguridad coahuilense no se encuentra nada que no se haya dicho o prometido en otros ámbitos, incluido el nivel federal:
Generar empleos; más escuelas; promover cultura y deporte; valores cívicos, respetar derechos humanos; buscar a los desaparecidos; combatir frontalmente a los criminales; prohibir casinos, peleas de gallos y table dance; policía capacitada y honesta; encarcelar delincuentes; coordinarse con instancias federales; contar con estadísticas; comunicar lo que se hace.
Nada nuevo. Nada que parezca genial. La clave, dicen los autores, estuvo en el seguimiento personal y exhaustivo del gobernador en la coordinación del plan, que supuso más de 1,600 reuniones para evaluar su seguimiento. Critican de facto a los gobernadores que, a la fácil, le han pasado la bolita al gobierno federal y se desentienden de su tarea.
Este tema de la inacción de los gobernadores lo volvió a abordar el respetable periodista e investigador Sergio Aguayo, quien en su artículo del periódico Reforma, el pasado jueves, comparó las estrategias de seguridad de la Ciudad de México y la de Morelos.
Argumenta que mientras en Morelos hay 52.50 homicidios por cada 100 mil habitantes, en la CdMx ese número es de 16 por cada 100 mil. Y propone como hipótesis de trabajo que una de las diferencias posibles en estos números radica en el seguimiento de cada gobernante al tema: mientras que Cuauhtémoc Blanco, gobernador morelense sólo fue al 3.26% de las Mesas de Paz de su estado, Claudia Sheinbaum asistió al 98%. Es decir, una se toma en serio el tema de la seguridad y el otro no.
Tanto en el libro de Aguilar y Moreira, como en el artículo de Aguayo, si bien parten de metodologías distintas y reconocen que muchos más factores inciden en los resultados, una constante es la crítica a la ausencia de la autoridad estatal en el seguimiento al tema de seguridad.
Y cierto, es común escuchar a los mandatarios estatales quejarse de que no tienen dinero para capacitar y pagar policías, que no pueden equiparar su capacidad de fuego con la de los delincuentes, que el gobierno federal tiene la obligación de mandar más y más elementos a cuidarlos, que los delitos cometidos suelen ser del fuero federal y por lo tanto no son su problema, que las autoridades municipales son corruptas por naturaleza y no hay mucho qué hacer, etcétera.
Un rosario de pretextos para evadir su responsabilidad, sean del partido que sean. Aquí sí que no importa la filiación.
Puede que el seguimiento del gobernador no sea el único factor de éxito en esta lucha, pero al igual que en la administración de empresas el seguimiento del CEO es vital para obtener mejores resultados, en materia de administración pública que los gobernadores se involucren a fondo en la planeación y ejecución de la estrategia sí sirve a la hora de presionar por resultados a sus equipos de trabajo.
Gobernadores ausentes han sido la constante. Abundan los gabinetes de seguridad mediocres, incluso algunos encabezados por ex militares que, como el propio Aguayo ha explicado, no son per se la solución al combate a la criminalidad, sino la forma y rigor con que se apliquen las medicinas.