El Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) inició este jueves el desalojo de los tragamonedas de la sede central del Casino de Mendoza, luego de que se venciera la concesión de Mendoza Central Entretenimientos (MCE SA) y la empresa no retirara voluntariamente las máquinas. La firma liderada por el empresario Alfredo Vila Santander acudió a la Justicia impugnando el proceso de adjudicación al nuevo concesionario Traylon.
El organismo público avanzó con el retiró de los bienes muebles de MCE SA para que instale sus propios equipos la nueva adjudicataria Traylon, empresa que era propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López y que actualmente está en manos de su exsocio, Ricardo Benedicto.
La sede central del Casino de Mendoza, ubicada en Avenida San Martín y calle Brasil, de Godoy Cruz, cerró transitoriamente a última hora del pasado viernes 22 de julio para acelerar la transición entre adjudicatarios, pese a las objeciones de MCE SA. Se había intimado a esta empresa a que en cinco días retire las máquinas tragamonedas con la advertencia de que si no lo hacía el IPJyC las retiraría por cuenta propia con cargo a la firma.
A través de un comunicado, el organismos presidido por Ida López informó este jueves que “a los fines de que el anterior proveedor (MCE S.A.) retire los bienes muebles que proveyó para el cumplimiento del contrato en la sala del Casino Central de Mendoza se le otorgó un plazo de 30 días mediante Resolución de Directorio N° 291/21, el cual en virtud de la Resolución de Directorio N° 235/22 venció el día 22 de julio de 2022”.
Agregó que posteriormente “se le otorgó un último plazo por 5 días más (Resolución de Directorio N° 348/22); bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos procedería de manera inmediata al retiro y puesta en custodia y a disposición de los bienes muebles mencionados”.
Aclararon que quedarían a cargo de MCE SA “los gastos y riesgos de traslado, custodia, depósito, guarda y demás erogaciones que se deban irrogar a tal fin”.
En este sentido, el Instituto explicó que “ante el incumplimiento” por parte de la empresa el organismo “se encuentra retirando el mobiliario mencionado en el día de hoy jueves 28 de julio de 2022, con cargo a MCE SA de todos los gastos y los riesgos que de dicho incumplimiento se ocasione”. Resaltó que esta acción se hizo “actuando siempre conforme a derecho” y “salvaguardando también tanto las arcas estatales como el derecho subjetivo adquirido por quien resultó adjudicatario de la Licitación Pública 50603-0028-LPU21, a quien se le ha imposibilitado proceder al inicio de las tareas y consecuente prestación efectiva del servicio”.
Asimismo, hizo hincapié en que todo el proceso “se ha llevado adelante conforme a derecho, en el marco de la Resolución de Directorio 291/21 y demás actuaciones administrativas, que han sido puestas en conocimiento y consentidas por el adjudicatario anterior”.
Desde el IPJyC advierten que se avanzó por la obligación que tenía el organismo de actuar para que el nuevo adjudicatario pudiera instalarse.
Por otra parte, señalan que no hay una fecha estimativa de reapertura de la sede central, ya que el proceso de retiro de la máquinas es complejo, ya que se deben tener muchos resguardos. Asimismo, una vez que se habilite a Traylon a comenzar la instalación de sus equipos, tendrá 48 horas para hacer y recién allí el establecimiento estaría en condiciones de reabrir sus puertas.
En tanto, el empresario Alfredo Vila Santander inició un reclamo administrativo denunciando irregularidades en la licitación que ganó Traylon, señalando que la oferta era “inviable”. Advirtió que Traylon no cumplió con el pliego licitatorio al no presentar en el tiempo estipulado un plan de negocios para la explotación del servicio de tragamonedas en la sede central del Casino.
Asimismo, también presentó una medida cautelar ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza solicitando la suspensión de la ejecución de la adjudicación y que frene el desalojo.
Sin embargo, desde el IPJyC sostienen que no existe ninguna resolución judicial que impida avanzar con el desalojo de las máquinas ni que objete el proceso de adjudicación.